El Gobierno de Pedro Sánchez tiene una baza para agilizar la búsqueda de los verdaderos asesinos de Barbate, ahora en paradero desconocido en Marruecos.
Esa herramienta está recogida en un convenio policial firmado por ambos países en 2019. Sin embargo, y pese a que desde hace semanas se sospechaba de esta línea de investigación, «aún no se ha activado el convenio».
Los 8 detenidos en Barbate por el asesinato de dos guardias civiles, que la UCO ha señalado que no estaban a bordo de la narcolancha aquella noche, representan un problema para el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska: los cuatro presuntos asesinos, de nacionalidad marroquí y fugados a aquel país, están en paradero desconocido. No hay pistas de su ubicación y la investigación depende de la colaboración de Marruecos. Pero desde Madrid no se ha solicitado que lo hagan.
El Gobierno de Sánchez ha optado, así, por no presionar a Marruecos exigiéndole el cumplimiento del «Convenio entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre cooperación en materia de seguridad y de lucha contra la delincuencia», firmado en 2019
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