Periódicamente, como las mareas, vuelve a aflorar el debate, en apariencia sencillo, sobre quién debe custodiar los accesos de entrada a comisarías de Policía y cuarteles de Guardia Civil: si el agente investido de autoridad o un vigilante de seguridad preparado en ese cometido.
Un debate que, para muchos, hace tiempo que dejó de serlo, aunque siga envuelto en una pátina de inercias, costumbres y cierto romanticismo corporativo. Sin embargo, detrás hay más profundidad de lo que en principio parece una mera cuestión doméstica
La pregunta es tan sencilla como incómoda: ¿tiene sentido superar un concurso-oposición del Estado que, con el paso por las academias, viene a durar un par de años para acabar guardando una puerta o levantando la barrera del aparcamiento? En efecto, la imagen del agente uniformado, plantado en la puerta como un centinela anacrónico, pertenece al imaginario colectivo. Pero conviene preguntarse si ese simbolismo justifica el coste humano, operativo y económico que implica.
Formar a un policía o a un guardia civil no es tarea menor. Como se ha señalado, entre el proceso selectivo, el periodo académico y las prácticas supone, en conjunto, al menos dos años de inversión pública para alcanzar la condición de funcionario de carrera en el BOE. Mientras tanto, miles de agentes permanecen «estabulados», por emplear un término poco amable pero certero, sin margen de elección, en puestos estáticos de todo tipo, repartidos por la geografía
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