El área de Derechos Humanos del Gobierno vasco, adscrita al Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, ha empezado a denegar ya las solicitudes que, en bloque y de manera orquestada, realizaron "cientos" de agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional -la cifra exacta se precisará este jueves, aunque 'Gara' hablaba de unos 300- para acogerse a la ley vasca que reconoce a las víctimas de violencia policial.
Después de haber intentado tumbar esta normativa en los tribunales -también la gemela aprobada en Navarra- trataron de valerse de un inciso que permite ser considerado como damnificado tanto si el victimario es un funcionario público como si es un particular.
Con este resquicio alegaban que ello englobaba también a las amenazas de ETA y el denominado 'síndrome del norte'.
La tesis defendida por algunas organizaciones profesionales -y secundada por formaciones como Vox o el PP- es que esta norma blanquea el t
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