Un documento oficial demuestra por primera vez la complicidad del Gobierno para facilitar humillaciones a las víctimas como el Ospa Eguna
359 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han sido asesinados por ETA desde la muerte de Franco, por todos los métodos imaginables: ametrallados desde una motocicleta, por disparos en la nuca, con bombas lapa o con coches bomba cargados de dinamita.
Jóvenes y mayores, padres o solteros, ambos Cuerpos fueron objetivo preferente del odio abertzale en tiempos no tan remotos que de algún modo sobreviven.
Porque cada año se celebra en Alsasua un aquelarre donde, lejos de homenajearse a esas víctimas, se sigue tratando de «txakurras», de perros, a sus compañeros: cientos de seguidores de la vieja Batasuna salen a la calle exigiendo la expulsión de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, con agresivas pancartas y lemas donde se trata a ambos literalmente de «virus».
Pero lo sorprendente de la historia es que, según demuestra hoy El Debate, el Gobierno de España no solo no hace nada, sino que invalida de facto la ley que le permitiría prohibir ese despliegue de odio y protege formalmente su celebración sin contar con el desprecio que supone para las víctimas.
Una exaltación del horror que explica, probablemente, por qué en ese mismo pueblo navarro dos guardias civiles, con sus novias al lado, fueron apaleados en 2016 por una marabunta.
El Gobierno de España y el de Navarra miran para otro lado de idéntica manera: tratan los aquelarres de «reuniones» y no aplican la Ley de Protección de las Víctimas
Ante ese fenómeno, hermanado con otros similares en Bilbao, donde en plenas fiestas se instaló una caseta con la imagen de 25 etarras bajo el lema «Os queremos» o la celebración de homenajes en Oñate y Hernani en el retorno de terroristas liberados, la decisión premeditada del Gobierno de Pedro Sánchez es permitirlos todos.
Así consta en un documento oficial del Gobierno de España, firmado por el Director General del Ministerio de Política Territorial, Agustín Torres Herrero, en el que defiende expresamente la agresiva celebración del Ospa Eguna –«Día de la expulsión»– con el argumento de que el supuesto derecho a la manifestación prevalece sobre la ofensa a las víctimas, demoliendo de paso la Ley de Protecc
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