Alguien en la Administración y en el Gobierno de España no hizo bien su trabajo. La Guardia Civil licitó la adquisición de 380 coches eléctricos para sustituir el viejo parque móvil de los vehículos dedicados a labores de Seguridad Ciudadana, pero los puntos de recarga han llegado más tarde.
Por tanto, el problema es que aunque los coches han llegado no hay dónde enchufarlos para que se carguen. Parece de broma, pero ya el pliego de cláusulas administrativas para la adquisición de puntos de recarga advertía en las «menciones particulares» del contrato que «por otra parte, debido a que los citados presupuestos (financiados por la UE) fueron puestos a disposición de la Guardia Civil a finales del mes de mayo del presente 2022, se hizo imposible destinar los mismos para implementar lo proyectado para el año 2022, debiendo englobar todo lo proyectado para procurar su realización en el año 2023».
La previsión de los ministerios del Interior y Transición Ecológica era que estos cargadores eléctricos para los nuevos coches se instalasen durante 2022, en concreto en el 50% de los acuartelamientos distribuidos por todo el territorio nacional y así podían ir tirando. El plan consistía en instalar «903 PDR monofásicos con tipo de carga en modo semirrápida de 7,4 kw», otros «158 PDR trifásicos con tipo de carga en modo 3 semirrápida de 11-22-44 kw» y «8 PDR con modo de carga rápida de 50-100 kw». En total 1.064 puntos instalados en varias comunidades y localidades que costarían en una primera fase 4.921.426,95 euros. El siguiente año, en 2023, se instalarían otros 1.136 puntos
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