Las quejas por discriminación lingüística contra integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han proliferado durante la última legislatura en la Comunidad Valenciana
«Nos tienes que hablar en castellano porque lo dice la Constitución española». A lo largo de la última legislatura se han multiplicado las denuncias contra diferentes colectivos de funcionarios públicos por utilizar el español en la Comunidad Valenciana. Al margen de sanitarios y docentes, uno de los grupos de mayor objeto de quejas lingüísticas han sido el que integran los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Las entidades que han canalizado el río de denuncias por discriminación lingüística cometidas presuntamente por efectivos de Policía y Guardia Civil son habituales perceptores de subvenciones públicas por parte de la Generalitat Valenciana. No obstante, tras las elecciones autonómicas del 28 de mayo, se han mostrado críticos con el Ejecutivo presidido ahora en funciones por Ximo Puig por agotar su mandato sin aprobar el requisito lingüístico, una de sus principales exigencias prometida por el ala del Gobierno dirigida por Compromís.
En sus dos últimos informes sobre derechos lingüísticos, Plataforma per la Llengua, Escola Valenciana y diez asociaciones más, presentan un rosario de denuncias que señalan a agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en el ejercicio de sus funciones. De hecho, la autodenominada 'ONG del catalán' contabiliza el incremento de las discriminaciones a catalanoparlantes «perpetradas por la Administración del Estado» en un 296% en los últimos seis años.
para cambiar el idioma en la conversación: «Nos tienes que hablar en castellano porque lo dice la Constitución», pese a recordarles a los efectivos su derecho de expresarse en cualquiera de las dos lenguas oficiales en la autonomía. Finalmente, apunta Plataforma, «renunció a hablar en catalán».
Al respecto, la entidad subvencionada por el Gobierno valenciano apunta que «es frecuente que el Estado desatienda su obligación de garantizar el derecho de uso de las lenguas oficiales diferentes al castellano» y que «tampoco es infrecuente que los funcionarios discriminadores apelen a la Constitución» para «imponer un carácter supremacista del castellano».
A pocos kilómetros, en la localidad castellonense de Vinaròs, ocurrió un caso idéntico según aparece recogido en el último informe de derechos lingüísticos de Plataforma per la Llengua, en el que un agente del instituto armado habría exigido a un ciudadano que le hablara en castellano «porque es la lengua de España».
«El agente, al sentir que hablaba en catalán, le va a espetar a que hablara en castellano porque es la lengua de España», relató. «Estamos en España», repitió en varias ocasiones tras mostrar una actitud «prepotente y agresiva», de acuerdo con la denuncia presentada horas después ante la Policía Local contra este agente por «abuso de autoridad».
En paralelo a los casos acontecidos en la Comunidad Valenciana, en el citado documento también se da cuenta de otros sucesos similares ocurridos en Cataluña e Islas Baleares. Por ejemplo, el de una estudiante mallorquina afincada en Valencia que regresó a su ciudad en vacaciones de Semana Santa y que denuncia haber sufrido la discriminación lingüística de una agente de la Guardia Civil en el aeropuerto aludiendo que no la entendía «porque era de Asturias».
«Quítese la polla de la boca para dirigirse a mí»
Del mismo modo, otro ciudadano de Palma de Mallorca asegura en el informe que un guardia civil le faltó el respeto en un control. Según afirma, el agente le dijo «quítese la polla de la boca para dirigirse a mí», cuando le habló en catalán, mientras que otro expresó la siguiente frase: «Fóllatelo bien que es un hijo de puta de esos que quieren romper España», al ver que llevaba una bolsa con un pin de un lazo amarillo en referencia a la campaña por la independencia de Cataluña.
«El clima de impunidad general del
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