La asociación mayoritaria de la Guardia Civil argumenta que se trata de una decisión de vital importancia y que afecta a muchas personas.
La batalla judicial por la permanencia de la Guardia Civil en Navarra sigue viva. En plenos pactos de los proetarras con el PSOE para asegurar la investidura de Pedro Sánchez, JUCIL, la asociación mayoritaria de la Benemérita, mantiene la pelea basada en el argumento de que el traspaso de competencias se ha llevado a cabo sin cumplirse con una de las exigencias legales: la modificación del régimen foral navarro.
JUCIL, efectivamente, argumenta que, "pese a que así lo determinan las leyes, no se ha informado de forma previa de este traspaso de competencias que afecta a personas físicas, ni a las asociaciones de guardias civiles ni tampoco al Consejo de la Guardia Civil". De este modo, los servicios jurídicos de la asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) han elevado al Tribunal Supremo una demanda en el recurso tramitado contra el Real Decreto por el que se traspasan las funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Foral de Navarra en materia de Tráfico y Circulación de Vehículos a Motor. Ese recurso, por su parte, continúa su trámite ante el Alto Tribunal.
"El procedimiento judicial que se inició contra el Gobierno de España, en el que se ha personado como codemandado el Gobierno de Navarra, impugna el traspaso de competencias realizado sobre la base de la insuficiencia de rango de la norma en la que se basa", señalan los asesores jurídicos de JUCIL. "Pero, de forma previa a este traspaso, debería haberse modificado el Estatuto de
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