AUGC rechaza frontalmente la nueva instrucción de Interior que impide sancionar el consumo de drogas en vehículos estacionados

 

Nueva polémica del ministro Marlaska. AUGC denuncia que la Instrucción 7/2025 crea un vacío legal que impide actuar a los guardias civiles, favoreciendo la impunidad y debilitando la seguridad ciudadana

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) manifiesta su más firme rechazo a la Instrucción 7/2025 de la Secretaría de Estado de Seguridad, que impide considerar infracción administrativa el consumo o tenencia ilícita de drogas en el interior de vehículos particulares estacionados, salvo que estén en tránsito. Esta disposición, basada en una interpretación restrictiva del artículo 36.16 de la Ley de Seguridad Ciudadana y en argumentos de supuesta privacidad, establece un preocupante vacío legal que deja sin cobertura jurídica a los agentes en casos que sí generan alarma social y riesgo para la seguridad.

Esta instrucción convierte a los vehículos particulares estacionados en espacios de impunidad donde los infractores pueden consumir o portar drogas sin que los guardias civiles puedan actuar, siempre que no se trate de transporte colectivo ni exista tránsito. Una vez más, se legisla desde el despacho ignorando la realidad diaria de los agentes y el sentido común. Esta decisión beneficia claramente a quienes viven al margen de la ley, resta eficacia al trabajo policial y transmite a la ciudadanía una imagen de permisividad intolerable.

Desde AUGC consideramos que esta norma es un ataque directo a la autoridad y profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Al privarles de herramientas para intervenir, se les convierte en testigos impotentes ante situaciones que atentan contra el bienestar común. La lucha contra las drogas exige contundencia, coherencia y respaldo institucional, no limitaciones que debilitan la acción preventiva y protectora de los agentes.

AUGC exige la retirada inmediata de esta instrucción y una revisión normativa que refuerce el papel de las Fuerzas de Seguridad en la defensa de la legalidad, la seguridad vial y la convivencia. La seguridad no puede quedar subordinada a interpretaciones jurídicas que favorecen a los infractores. La ley debe servir para proteger a los ciudadanos, no para amparar conductas que ponen en riesgo su integridad.

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