Hace unos días los sindicatos de los Mossos d’Esquadra consiguieron que Salvador Illa les aumentara el sueldo en unos 4.000 euros brutos al año, mejorara los complementos y la jubilación y les redujera unas cien horas de servicio al año.
Sergio Fidalgo
Así la brecha entre lo que cobran los policías autonómicos y la Policía Nacional y la Guardia Civil se incrementó aún más, a cerca de mil euros brutos mensuales por agente. Nada nuevo, porque forma parte de la política de cesiones al separatismo, que ha mimado a su gran ‘estructura de Estado’, el cuerpo armado que en el 2017 permitió que la Generalitat diera un golpe de Estado con la apariencia de ‘referéndum’
Y que desde que Pedro Sánchez decidió que su supervivencia política dependía del apoyo del separatismo catalán, la política territorial del Gobierno central se ha basado en una lógica simple: ceder para seguir. Ceder competencias, ceder relato, ceder instituciones. El mantra ha sido el de siempre: desinflamar, normalizar, integrar. Pero lo que se ha hecho, en la práctica, ha sido legitimar el discurso secesionista y aceptar su hoja de ruta por etapas
En esa hoja de ruta, la Guardia Civil es un obstáculo simbólico. Representa la presencia del Estado, la continuidad histórica de España, la legalidad constitucional. Por eso resulta sus agentes son tan atractivos como pieza de sacrificio en la negociación permanente en el Congreso con ERC y Junts para que Sánchez aguante unos días más en Moncloa. Estos partidos recuerdan cómo la actuación decidida de los agentes de la Guardia Civil, junto a los de la Policía Nacional, fueron claves para desmontar el golpe de Estado separatista del 1 de octubre. Y quieren a la Benemérita fuera de Cataluña para cuando llegue el ho tornarem a fer, que es lema que los secesionistas usan para dejar claro a todos los españoles que lo van a volver a intentar. Y quieren, para asegurar la jugada, que el Estado sea en Cataluña lo más débil posible. Por no decir inexistente
De ahí el vaciamiento progresivo de competencias de la Guardia Civil en Cataluña. No se trata de una gran reforma de golpe, sino de un goteo constante, discreto, presentado siempre como técnico, como administrativo, como lógico. La vigilancia del medio natural, que durante décadas ha sido una de las especialidades más reconocidas del cuerpo, se ha visto relegada en favor de los Mossos d’Esquadra. El Seprona, referencia internacional en protección ambiental, ha sido arrinconado. Y se comienza a pagar el precio: algunos estamos convencidos que el brote de peste porcina que ha afectado a Cataluña en el primer trimestre de 2026 tiene algo que ver con el debilitamiento y desmontaje del Seprona en Cataluña.
La política de Pedro Sánchez hacia la Guardia Civil en Cataluña no es fruto del azar ni de la incompetencia. Es una decisión consciente, un cálculo político que es la forma de decirle al separatismo que «estamos dispuestos a tocar incluso las instituciones del Estado si nos dais vuestros votos». La Guardia Civil en Cataluña trabaja, en muchos casos, en condiciones que rozan lo indigno para una democracia avanzada. Vehículos envejecidos, falta de personal, turnos imposibles, material obsoleto. Mientras los Mossos d’Esquadra amplían plantillas, renuevan equipamiento y reciben apoyo institucional, la Guardia Civil sufre una especie de economía de guerra presupuestaria. El mensaje implícito que lanza Grande-Marlaska es devastador: sois prescindibles. O, peor aún, sois incómodos
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