Este lunes también presentan una gran acción jurídica que refuerza todas las demandas anteriores
Más de 26.000 policías nacionales y guardias civiles de toda España emprenderán este lunes una batalla judicial contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que les reconozca la profesión de riesgo y, con ello, se adelante su jubilación, como sí se ha hecho con los Mossos d’Esquadra, la Ertzaintza, la Policía Foral de Navarra y los Cuerpos de policías locales
Además, exigen a Marlaska que les iguale la pensión respecto a ellos, en concreto a la de los mossos, que cobran hasta 1.100 euros más que los veteranos de la Policía y la Guardia Civil. Esta diferencia salarial se debe a que policías autonómicos y locales, aprovechando el reconocimiento laboral del riesgo, consiguieron aumentar sus pensiones hasta alcanzar la máxima, sin necesidad de recurrir a la vía judicial
Así, este lunes, este colectivo de policías y guardias civiles integrados en el Movimiento Reacciona por la Equiparación Real da un paso histórico presentando miles de reclamaciones administrativas previas ante el Ministerio del Interior y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones «para luchar contra las injusticias» que sufren ante la peligrosidad de su trabajo, con hasta 121.000 delitos de atentado contra policías y guardias civiles durante la etapa de este Ejecutivo
Este movimiento denuncia que, aunque policías y guardias civiles sufren máximos históricos de agresiones, el Ministerio del Interior «sólo beneficia a los policías de los territorios de sus socios políticos, saltándose las normas no sólo nacionales, sino también las europeas que reconocen la misma protección laboral para profesiones idénticas y que deben contar con las mismas condiciones de jubilación
Aunque Interior anunció el pasado miércoles que atenderá la reivindicación histórica de la profesión de riesgo con la creación de una mesa técnica, pincha en hueso con los miembros del Movimiento Reacciona por la Equiparación Real, ya que «no confían en este Gobierno» y consideran que dicho anuncio es una «proclama electoral vacía de voluntad política» hacia quienes luchan cada día en defensa de la seguridad, la libertad y el Estado de Derecho, con neutralidad política.
Proclamas para desviar la atención
Estos 26.000 agentes no se fían del Gobierno de Pedro Sánchez, ya que ha tenido ocho años para poner fin a la desigualdad de la equiparación salarial, pero «curiosamente» se abre ahora a negociar estando en sus horas más bajas, acorralado por la corrupción y en plena campaña electoral en Andalucía. Este colectivo lamenta que durante estos ocho años de mandato se han jubilado más de 20.000 compañeros, veteranos que lo han dado todo por su país, a los que el Ejecutivo ha dado la espalda, y también «deja atrás en el citado anuncio del pasado miércoles».
Así las cosas, critican que en el Día del Trabajador, Sánchez se llenara la boca hablando de «igualdad salarial» cuando
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