La ocupación ilegal de viviendas se está convirtiendo en un problema que no cesa de crecer y que se estima que se agrave todavía más con la crisis. Los principales partidos de la oposición -PP, Vox y Ciudadanos- ya han denunciado que la actual ley no protege lo suficiente a los propietarios, y por eso en las últimas semanas han presentado distintas Proposiciones de Ley que apuestan por un endurecimiento de las penas a los okupas.
Aunque desde el Gobierno han defendido que la legislación actual es suficiente, tal y como lo expresó la pasada semana la ministra de Defensa, Margarita Robles, parece que han sucumbido a la presión de la oposición y de las cifras, que reflejan un incremento del 5% de estos actos delictivos en el primer semestre del año. Así, según ha publicado el diario ABC, el Ministerio del Interior estaría trabajando ya en un protocolo operativo para que Policía Nacional y Guardia Civil cuenten con directrices comunes y respaldo jurídico ante una ocupación. Según el mismo medio, todavía no hay fecha para conocer este nuevo protocolo, pero el objetivo es tener las líneas maestras en las próximas semanas.
Medidas cautelares
Además, el citado diario apunta que desde la Fiscalía General del Estado se estaría estudiando también dictar instrucciones en los casos de ocupación ilegal que unifiquen la actuación en todo el territorio.
La línea sobre la que se enfocarían estas instrucciones irían encaminadas a un reciente decreto del fiscal jefe de Valencia, José Francisco Orti Valencia, visado por la Secretaría Técnica bajo mando de Dolores Delgado y que destaca porque explora la vía del desalojo cautelar en los casos de usurpación. Normalmente, las medidas cautelares se aplican en delitos más graves, pero el fiscal valenciano, promueve que se solicite en los casos de usurpación una vez constatado de quién es la propiedad.
Sin embargo, hay quien considera que impulsar un desahucio cautelar puede convertirse en una sentencia anticipada y por otro lado no queda muy claro que sucede en situaciones de vulnerabilidad con viviendas de las que no se hará uso inmediato.
Con estas medidas se pretende agilizar un proceso que en la actualidad, y por la vía civil, se extiende hasta más de un año, lo que pondría en evidencia el fracaso del anterior cambio normativo del 2 de julio de 2018, popularmente conocido como desahucio express (desalojo por precario), que nació con la vocación de acelerar los plazos y los trámites de los desalojos.
Según los últimos datos facilitados por el Ministerio del Interior, durante los seis primeros meses del año se han presentado en España más de 40 denuncias de ocupación ilegal al día. Concretamente, entre enero y junio se registraron 7.450 denuncias relacionadas con este delito en España, lo que supone un incremento del 5% respecto al mismo periodo del año anterior.
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