La asociación Justicia Guardia Civil (Jucil) se ha querellado contra la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, por considerar que estaría incumpliendo el proceso de equiparación salarial y no se habrían abonado a los agentes la productividad de equiparación durante varias mensualidades, pese a que esas productividades ya fueron devengadas por la administración, en aplicación del acuerdo del Ministerio del Interior del 12 de marzo de 2018, e incluso estando vigente la anterior orden general.
Se ha querellado contra Gámez «por una presunta desviación económica en la partida correspondiente a la equiparación salarial de los meses de enero y febrero de 2021», según informa.
Esta asociación pide a la Justicia que investigue a la directora general de la Benemérita como presunta autora de un delito de prevaricación, un delito de malversación por administración desleal, y un delito de malversación por apropiación indebida.
Jucil reclama que se cite a declarar a Gámez y aclare las razones por las que su departamento ha dictado una orden general -la número 4, de 12 de febrero de 2021- por la que se regulan los incentivos al rendimiento del personal y que «perjudica a más de 70.000 agentes de la Guardia Civil».
Según explica Agustín Leal, portavoz de Jucil, «con la excusa de una orden general nueva, la querellada presuntamente se habría apropiado indebidamente de todos esos importes de más de 70.000 guardias civiles, y supuestamente estaría administrando deslealmente el patrimonio que se le ha entregado para su gestión, concretamente el importe destinado al pago de las nóminas de los agentes, y en especial al de la productividad de equiparación, anulando esa productividad sin base legal alguna, sin que el acuerdo por el
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