María Gámez obligada a mover ficha
El guardia civil recurrente deberá percibir por la actualización del complemento en los últimos 4 años, la cantidad de 799,38€ más los intereses legales desde la reclamación.
• La Administración es condenada al pago de 400€ en costas.
• ASESGC llevará a los tribunales todas las reclamaciones presentadas por sus asociados.
La sentencia estimatoria del Tribunal Supremo, obtenida por los servicios jurídicos de ASESGC, que unifica doctrina y obliga a actualizar la productividad estructural al complemento de destino desde el año 2014, ha servido de fundamento a un primer fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que reconoce la actualización a un Guardia Civil que lo había reclamado individualmente en 2020.
La sentencia de la sección sexta del TSJ de Madrid acoge como único fundamento juridico de la estimación la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en la sentencia obtenida por ASESGC. De esta forma, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid afirma que: “El necesario acogimiento de la doctrina sentada por el Tribunal Supremo lleva a la estimación del presente recurso contencioso administrativo, anulando las resoluciones objeto del mismo, al objeto de reconocer al recurrente el derecho a percibir la cantidad de 799,38€, incrementada con los intereses legales desde el momento de la reclamación hasta el de su abono, sin que los motivos secundarios aducidos por la Administración en la contestación provoquen modificación del citado parecer”.
Fuerza vinculante de las sentencias para unificación de doctrina del Tribunal Supremo
Como ya puso de manifiesto ASESGC ante el Pleno del Consejo Extraordinario de la Guardia Civil convocado para tratar esta cuestión en el mes de mayo de 2021, las sentencias para unificación de doctrina del Tribunal Supremo, que resuelven sobre un interés público superior al de las partes y que una gran parte de la doctrina jurídica entiende que tienen fuerza vinculante, desde la perspectiva de la seguridad jurídica.
La sentencia del TSJ de Madrid confirma esta opinión jurídica y obliga a la Dirección de la Guardia Civil a tomar decisiones ante el previsible goteo de sentencias en el mismo sentido en los próximos meses.
Esta misma sección del Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimo en 2019 la pretensión de un sargento de actualizar la productividad al complemento de destino de cada año, que fue quien recurrió al Supremo obteniendo la sentencia estimatoria que unificaba doctrina en este asunto de forma favorable.
Según indicó María Gámez en el Pleno Extraordinario de mayo de 2021, en ningún caso se ha dirigido al Ministerio del Interior o al Ministerio de Hacienda para dar solución a una situación extraordinaria como la generada por la sentencia del Tribunal Supremo para unificación de doctrina.
La gestión del dinero público
Según cálculos de ASESGC, podría estar entorno a los 14 millones de euros el montante total a que ascendería el pago a todos los guardias civiles de la actualización del complemento de productividad, que incluye no sólo las estructurales sino también los servicios por nocturnos y festivos, conocidas como ERG1 o ERG2.
Si Maria Gámez se mantiene en su idea de abocar a reclamaciones individuales a miles de guardias civiles, a esta cifra habría que sumar las condenas en costas que se producirían en contra de la Administración más los intereses legales, además de una fuerte carga de trabajo para la Administración de Justicia y la Abogacía del Estado. Dependiendo del número de guardias civiles que acudiera finalmente a los tribunales, las condenas en costas y los intereses legales podrían suponer un coste extraordinario para la administración de entre 4 y 10 millones de euros aproximadamente.
ASESGC llevará a los tribunales todas las reclamaciones presentadas por sus asociados
Desde que se produjo la sentencia del Tribunal Supremo el 28 de abril de 2021, miles de guardias civiles han reclamado de forma individual ante la Dirección General de la Guardia Civil la actualización del complemento de productividad acogiéndose a la doctrina del Supremo. Pese a la obligación de la Administración de resolver, estos guardias civiles todavía no han obtenido respuesta a su reclamación.
La estrategia del silencio sólo dará resultado unos pocos meses más, la Guardia Civil se queda sin tiempo, María Gámez debe empezar ya a dudar de sus asesores.
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