Hay reconocimiento y galardones que a uno le retratan. Es el caso del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que el pasado 12 de noviembre recogió un premio por su preocupación por los presos.
Trece días después de que un asesino reincidente fuera detenido por la Guardia Civil por acabar con la vida de Alejandro, un niño de 9 años que jugaba con sus amigos en un parque de la localidad riojana de Lardero, el ministro recogía el galardón. Instituciones Penitenciarias había otorgado el Tercer Grado al asesino del pequeño meses antes del crimen y su libertad debía vigilarse hasta que acabara de cumplir condena dentro de tres años.
El decano del Colegio de Abogados de Madrid justificó la distinción a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias «por su valentía, arrojo y el apoyo incondicional y colaboración constante a la abogacía madrileña para que el derecho de defensa cristalice en todas sus esferas y planos». El galardón era todo un sarcasmo, porque la gestión de Instituciones Penitenciarias ha merecido el reproche casi unánime de una sociedad que no entiende cómo es posible poner en libertad a un asesino como el que acabó con la vida del pequeño Alejandro.
«Con la entrega de este galardón -decía la Abogacía madrileña- se quiere distinguir el apoyo de esta institución en la garantía del derecho de defensa de las personas privadas de libertad, haciendo posible la comunicación entre abogados y clientes internos en centros penitenciarios mediante el sistema de videoconferencia, facilitando su contacto sin riesgo de contagio durante las peores oleadas de la pandemia». La justificación no podía ser
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