El Gobierno autonómico espera rubricar el acuerdo con el Gobierno a finales del año y asumir la competencia en los primeros seis meses de 2022
Enrique Recio
Pese a lo anunciado hace tres meses, los gobiernos navarro y central no han firmado finalmente este miércoles la transferencia de la competencia de Tráfico y Seguridad Vial. El 1 de diciembre era el día marcado en el calendario por ambos ejecutivos para formalizar la cesión a la comunidad foral. Sin embargo, el Gobierno regional ha decidido retrasarla, sin precisar concretamente cuándo se producirá, porque todavía quedan «cuestiones técnicas» por solventar, según explicó el consejero de Interior, Javier Rémirez.
Esas «cuestiones», además de técnicas, son principalmente económicas, según precisan fuentes regionales a THE OBJECTIVE. Y es que dirigentes políticos tanto de un lado del tablero como del otro, asesorados por sus técnicos de Hacienda, todavía negocian cuál será la próxima partida que deberá aportar Navarra al Estado por los servicios y funciones que no tiene transferidos, en el marco del Convenio Colectivo de 1990. El instrumento que regula las relaciones tributarias y financieras entre ambos gobiernos, y que se actualiza cada cinco años; la última vez fue en 2015.
Ahora que la cesión implicará la salida de 173 guardias civiles del sector de Tráfico en Navarra, el Gobierno autonómico trata de acordar cuánto dejará de pagar al Estado por el trabajo que actualmente hacen estos agentes. Aunque, al mismo tiempo, tiene presente que una parte de ellos podría integrarse en otras unidades del Instituto Armado en la comunidad foral y, por tanto, debería seguir pagando esa cuota de agentes.
Una vez se cristalice el acuerdo entre Navarra y el Gobierno de Pedro Sánchez, los agentes tendrán cuatro opciones. Por un lado, el gobierno autonómico trabaja en una pasarela mediante la cual los guardias civiles podrán integrarse en la Policía Foral. Aunque, según manifiestan fuentes sindicales, la mayoría pretende quedarse en el Cuerpo. Por otro, según ha precisado el Ministerio del Interior, los que decidan no sumarse al cuerpo autonómico podrán ocupar puestos de trabajo en la misma especialidad o en otra en otras comandancias, es decir, un traslado de región; o bien seguir trabajando en otra unidad de la Guardia Civil en Navarra, de la que forman parte 1.623 agentes.
Primer paso del Ejecutivo
En la Administración navarra también trabajan con ese escenario. Aquel en el que los guardias civiles se nieguen a formar parte de la Policía Foral. Lo que irremediablemente les llevaría a convocar una Oferta de Empleo Público (OPE), ya que el cuerpo autonómico no cuenta con suficientes efectivos para suplir las vacantes de Tráfico, que no solo se encargará de la vigilancia en carreteras, sino también del régimen sancionador, la seguridad vial o el capítulo relativo a las autoescuelas. «El Gobierno está calculando la aportación al Estado con todas estas variables. Están surgiendo algunas diferencias de criterios entre
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