Les acusa de tratar de «confundir a la opinión pública española sobre la conveniencia de la reforma» en connivencia con el Partido Popular, Vox y Ciudadanos, además de «perder la neutralidad»
El Gobierno -al menos la parte de Gobierno que controla Podemos- ha pasado de intentar minimizar la histórica manifestación del pasado 27 de noviembre en Madrid, convocada por 40 sindicatos y asociaciones de la Policía y la Guardia Civil en contra de la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana, a denunciarlas ante el Consejo de Europa por tratar de «confundir a la opinión pública española» sobre la conveniencia de la misma, en connivencia, además, con el Partido Popular, Podemos y Ciudadanos.
La manifestación, sin precedentes porque fue la primera vez que policías y guardias civiles salían a la calle no para reivindicar mejoras laborales sino en contra de una iniciativa legislativa de un gobierno, ha encendido todas las alarmas en el Ejecutivo, que es plenamente consciente de la enorme sensibilidad de la imagen que se produjo ese día.
No solo eso; los sindicatos y asociaciones de las Fuerzas de Seguridad, en una unidad de acción sin precedentes, ya han anunciado que van a continuar las movilizaciones, porque la reforma, más allá de lo que pueda afectar
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