El Tribunal Supremo ha avalado el Código de Conducta de la Guardia Civil y entiende que no contradice normas de rango superior, ya que se limita a fijar unas pautas de comportamiento para los agentes.
La decisión ha sido tomada por la Sala de lo Contencioso del Supremo en respuesta a un recurso que presentó la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (Jucil), que impugnó el Real Decreto 176/2022, que fijaba las indicaciones de conducta dentro de este cuerpo de seguridad.
La Sala concluye que el Código de Conducta carece de efectos sancionatorios, porque se limita a fijar las pautas del comportamiento de los guardias civiles y rechaza que el Código contradiga normas de rango superior.
Jucil argumentaba en su recurso que este código establece unas normas de comportamiento para los guardias civiles que van más allá de las funciones que le son propias por su condición profesional y que contradice otras normas de rango superior, como la ley orgánica que regula los derechos y deberes de los agentes. Esta asociación entendía que se invadían esferas personales e íntimas de estas personas que no pueden verse privadas de los derechos que les asisten como ciudadanos.
SIN SANCIONES
La Sala en su sentencia explica que el Código de Conducta impugnado carece en su regulación de efectos sancionatorios, muestra inequívocamente de que se limita a fijar las pautas que deben guiar el comportamiento del personal de la Guardia Civil.
Añade que es notorio que en otros sistemas jurídicos existen códigos de conducta (generalmente denominados deontológicos) que establecen normas jurídicas de obligado cumplimiento que llevan aparejadas sanciones por su incumplimiento, “mas el sistema español diferencia la responsabilidad disciplinaria de la responsabilidad ética sin perjuicio de que alguna conducta pueda hallar encaje en ambas”.
El tribunal rechaza todos los reproches que dirige la asociación recurrente contra distintos preceptos del real decreto impugnado, así como las nulidades de determinados artículos del Código de Conducta. Se precisa que cualquier alegato de nulidad absoluta del Real Decreto impugnado exige que el que esgrime la pretendida nulidad justifique cuál es la norma legal infringida por la norma en cuestión.
Por tanto, según los magistrados, “no basta con lanzar al tribunal un conjunto de argumentaciones sobre que una norma reglamentaria contraviene el ordenamiento ju
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