Interior, que pagó la mercancía inservible por adelantado, nunca reclamó la reposición del material sanitario ni la devolución del dinero
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, recurrió a una de las empresas de la trama de mordidas que ya salpica a varios miembros del Gobierno para la compra de 30.000 test rápidos de coronavirus destinados a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
El Debate desvela hoy un documento interno en el que la compañía informó a Interior antes de la adquisición de que el material sanitario que iba a mandar no contaba con las homologaciones médicas obligatorias. Los test defectuosos llegaron a España y fueron almacenados al ser inservibles.
«El test COVID-19 tiene un ensayo clínico publicado el 19 de febrero de 2020 y ha solicitado las acreditaciones FDA y CE. Sin embargo, ambas se encuentran en trámite», reza el punto tercero del documento.
Este contrato fue redactado por la Secretaría de Estado de Seguridad el 27 de marzo de 2020. Cuatro días después, el 31 de marzo, el número dos del ministro, Rafael Pérez, firmó la compra por 600.000 euros al doctor Ignacio Palomo, ginecólogo de la mujer de Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos. De este importe, Marlaska dio luz verde a la exigencia que la empresa impuso de cobrar el 70% por adelantado.
La cantidad restante se abonó al llegar los test inservibles a Madrid.
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