sábado, 17 de noviembre de 2018

12.000 euros de indemnización a un guardia civil víctima de ETA 'devuelto' al País Vasco

La Audiencia Nacional obliga a la Administración a pagar al agente por haber sufrido el daño moral de volver a ser destinado a la escena del atentado que casi acaba con su vida en 2001

Foto: Imagen de archivo de algunos agentes de la Guardia Civil. (EFE)


La Audiencia Nacional ha condenado a la Administración a abonar 11.800 euros a un guardia civil víctima de ETA al que el Ministerio del Interior forzó a volver al País Vasco tras seis años fuera. El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal considera que el funcionario padeció un "daño moral" cuando sus superiores le ordenaron "indebidamente" regresar a Guipúzcoa, la provincia en la que años atrás sufrió un atentado de la banda terrorista.
La sentencia considera que en aquel ataque de ETA el guardia civilestuvo a punto de perder la vida y que regresar a la zona en contra de su voluntad le hizo vivir aquel duro episodio. El tribunal entiende además que el sufrimiento fue mayor porque el traslado conllevaba separarse de su familia, lo que "constituye sin duda un plus en la intensidad de la inquietud".
Los 11.800 euros que la Audiencia Nacional requiere a la administración, según la resolución, se refieren de hecho al dinero que el afectado se ha gastado en combustible y peaje para viajar desde Galicia, donde se encuentra su familia, hasta el País Vasco. Esos 601 kilómetros de ida y vuelta que tenía que hacer cada vez que quería reunirse con su mujer, también guardia civil, y con sus hijos de cinco y dos años supusieron, según el tribunal, 3.524 euros, ya que el plan laboral se prolongó durante un año y medio, entre agosto de 2014 y diciembre de 2015, hasta que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid admitió el recurso del agente y obligó a Interior a devolverle a Galicia.
El alto tribunal autonómico criticó que la resolución, "ni siquiera analiza el dato de que el solicitante se encuentra destinado en San Sebastián"
El Ministerio, explicó la resolución del TSJ madrileño, no motivó lo suficiente el traslado del guardia de vuelta al País Vasco, pues únicamente cabría forzar al funcionario cuando existieran "circunstancias objetivamente justificadas" que "hicieran aconsejable una nueva asignación", extremo que en opinión del tribunal no se daba en este caso, pues la administración no ofreció un razonamiento de fondo. La resolución de los superiores del agente, criticó el alto tribunal autonómico, "ni siquiera analiza el dato de que el solicitante se encuentra destinado en San Sebastián", destino "perteneciente a la misma Comandancia de Guipúzcoa donde sufrió el atentado terrorista". "No resulta equiparable esta situación al supuesto en que el derecho se ejercitara desde cualquier otro lugar del territorio nacional, donde la concentración de atentados no era tan relevante como en el País Vascoy Navarra", argumentó el TSJ madrileño.
Con aquella sentencia en la mano, el funcionario reclamó los gastos por el citado kilometraje derivados de año y medio de viajes de Galicia al País Vasco, que le han sido concedidos, así como el dinero que su mujer perdió por reducirse la jornada para atender a sus hijos, ya que no podía contar con su marido ausente, montante que la Audiencia Nacional ha cuantificado en 3.239 euros, cantidad que unida a los mencionado 3.524 euros del kilometraje y a otros 5.000 euros que la sentencia considera oportuno dar como consecuencia del "daño moral" suman los citados casi 11.800 euros.
Rechaza el tribunal dar más dinero por este último concepto dado que entiende que únicamente ha quedado acreditado el sufrimiento derivado de ser destinado a la misma provincia donde sufrió el atentado y el verse privado de la compañía de su familia. No están demostrados "otros conceptos específicos que permitieran cuantificar el daño moral", entiende la resolución, que rechaza conceder los casi 22.000 euros que el recurrente reclamaba en este apartado por un "perjuicio personal y moral". Tampoco acepta la sala los mil euros que reclamaba por tener que llevar a sus hijos a un colegio situado a 20 kilómetros de su residencia en Galicia. No ha quedado acreditado, argumenta, "la necesidad de haberles matriculado" ahí y no en otro centro más cercano.
El artilugio explotó a pocos metros del funcionario, que salvó la vida por muy poco. En 2004, Interior le reconoció como víctima del terrorismo
El letrado que ha llevado la defensa del guardia civil durante todo el proceso, Antonio Suárez-Valdés, considera que esta última sentencia así como la anterior del TSJ de Madrid vienen a "hacer justicia", ya que "compensan los perjuicios causados al agente por los enormes sufrimientos" derivados de la decisión del Ministerio del Interior de forzar su traslado a Guipúzcoa, justo el lugar donde años atrás había estado a punto de perder la vida a manos de los terroristas de ETA.
El guardia civil se encontraba de servicio en el Puerto de Pasajes (Guipúzcoa) el 31 de enero de 2001 a las seis de la mañana, justo el lugar y el momento en el que varios miembros de la banda armada hicieron estallar un artefacto explosivo. El artilugio explotó a pocos metros del funcionario, que salvó la vida por muy poco. En 2004, el Ministerio del Interior le reconoció como víctima del terrorismo. Durante cuatro años más, el agente siguió prestando servicio en el País Vasco, hasta que en 2008 solicitó el traslado a su Galicia natal, donde permaneció hasta la mencionada fecha de agosto de 2014 en la que fue devuelto a Guipúzcoa a la fuerza.
Ya se había acostumbrado a no tener que mirar en los bajos del cocheantes de introducir las llaves, a vivir tranquilo junto a su mujer y sus hijos, a olvidarse de la psicosis que provocaba en todos los guardias destinados al País Vasco el hecho de que hubiera una banda terrorista activa que tenía a los miembros de las fuerzas de seguridad del estado como principal objetivo.
https://www.elconfidencial.com/espana/2018-11-17/12-000-euros-de-indemnizacion-a-un-guardia-civil-victima-de-eta-devuelto-al-pais-vasco_1645422/

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