«La negativa se basaba en la consideración por parte del mando de que, al estar el trabajador de saliente de servicio y al tener dos días libres seguidos, no resultaba necesaria la concesión del permiso», han señalado desde la AUGC
Los servicios jurídicos de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han revertido la negativa del puesto principal del Instituto Armado en Guadix (Granada) a conceder a uno de sus agentes un permiso por fallecimiento de un familiar.
El caso se remonta, según ha informado la AUGC en un comunicado, al pasado 11 de septiembre cuando se «denegaba» a este guardia civil «el permiso correspondiente por el fallecimiento de un familiar de primer grado por afinidad».
«La negativa se basaba en la consideración por parte del mando de que, al estar el trabajador de saliente de servicio y al tener dos días libres seguidos, no resultaba necesaria la concesión del permiso», han señalado desde la asociación, que se ha referido a la normativa, que establece que «la concesión del permiso es una facultad discrecional de la autoridad competente».
Sin embargo, ha proseguido, puesto que «se trata de un derecho expresamente reconocido a los empleados públicos y en concreto al personal del cuerpo de la Guardia Civil, la denegación del permiso debe ser especialmente motivada y justificada en la apreciación de necesidades del servicio que pudieran primar sobre la concesión».
«Cuando la ley reconoce el permiso de tres días hábiles en estos casos, lo hace al considerar que se trata de los días necesarios y prudenciales para asistir a las ceremonias que lleva consigo el fallecimiento, así como la necesidad de compartir el dolor con sus familiares», ha añadido.
«Lamentablemente, todavía resulta habitual comprobar cómo por parte de algunos mandos de la Guardia Civil se siguen negando a sus trabajadores derechos consolidados, en situaciones que deben ser resueltas posteriormente en los tribunales gracias a la profesionalidad y perseverancia de los servicios jurídicos de AUGC», han indicado desde la asociación, que ha detallado que la sentencia ha condenado a la administración al pago de las costas procesales.
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