El secretario general de Jucil, Ernesto Vilariño, y el presidente autonómico de Csif, Benjamín Castro, hablan en esta entrevista de la situación en la que desarrolla su trabajo la Guardia Civil, que hacen extensible a toda la función pública
JESÚS F. SALVADORES
R. Álvarez |
La situación actual en la que desarrollan su trabajo los guardias civiles –que hacen extensible a toda la función pública–, sus dificultades, propuestas de mejora e iniciativas para el futuro es el motivo que citó a mediados del pasdo mes de diciembre en León al secretario general de la Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil), Ernesto Vilariño, y al presidente autonómico de Csif, Benjamín Castro, que también hablaron de lo que ha supuesto el acuerdo suscrito en enero de 2021 entre ambas organizaciones y Jupol, cuestiones todas ellas que expusieron de forma más extensa en esta entrevista.
–En su visita a León han recordado la firma de un acuerdo hace un año, en enero de 2021, entre Jucil, Csif y Jupol. ¿Qué resultados ha traído?
–Benjamín Castro. Desde luego ha sido fructífero. Ha supuesto aglutinar a cientos de miles de empleados públicos, millones a nivel nacional y para nosotros como Csif, como sindicato más representativo dentro de la función pública a nivel nacional, esto nos ha supuesto vertebrar aún más. Al final a lo que nos dedicamos los empleados públicos no es ni más ni menos que a ejecutar los servicios públicos que reciben los ciudadanos y por eso es muy importante tener esa permeabilidad y llegar a todos. Unidos somos más y juntar Csif con Jucil y Jupol, que son dos grandes, que son la Asociación Profesional de la Guardia Civil y el sindicato policial, te da una fortaleza de cara a la otra parte de la mesa que es a la que le toca administrar lo público, nuestros políticos, y permite hacerles llegar el mensaje con mayor claridad y con toda la información que nos dan nuestros afiliados, nuestros delegados. Esto desde luego nos facilita el trabajo y nos da la posibilidad de negociar mejor. Otra cosa es ya lo que puedas llegar a conseguir.
–¿Los resultados no están siendo los esperados?
– Benjamín Castro. No será por lo que lo hemos intentado. Como ejemplo, el pasado 24 de septiembre salimos a la calle alrededor de 80.000 personas en Madrid y ahí estuvimos los tres para decir al Gobierno que basta ya y que hable con los empleados públicos, con sus representantes, porque al final son los que despliegan los servicios públicos y es importante que los tenga en cuenta, y más con las condiciones laborales y salariales que tienen. Logramos que se sentaran con nosotros, pero es verdad que después CCOO y UGT le han regalado al Gobierno un cheque en blanco y han firmado un acuerdo que supone una merma salarial. ¿Y por qué digo merma salarial? Porque ese acuerdo en toda su amplitud trianual no llega a cubrir ni siquiera la pérdida de poder adquisitivo de este año, pero es que si a ello sumamos lo de años atrás, desde 2010 estamos hablando de entre un 15 y un 20 por ciento de pérdida de poder adquisitivo, que es una auténtica barbaridad. El Gobierno de España el año que viene no tendrá la obligación de negociar, pero desde luego nosotros no nos cansaremos y las veces que sea necesario saldremos a la calle a reivindicar lo que es justo y lo que es nuestro.
– Han dicho que se están «quedando solos» y que es el Gobierno central el que está mirando para otro lado. ¿Qué falla en este diálogo?
– Benjamín Castro. Nosotros lo que esperamos es que atienda. El Gobierno está para administrar y para gestionar lo público y yo entiendo que no sea fácil porque los presupuestos son finitos, pero el dinero hay que invertirlo donde es necesario para los ciudadanos a los que el Gobierno representa y los servicios públicos son esenciales. Cuando hablamos de seguridad, hablamos de algo esencial. Uno de los pilares básicos es la integridad física de una persona y a eso es a lo que se dedica la Guardia Civil. Las diferencias salariales son muy grandes, de entre 400, 500, 600 o 700 euros menos en comparación con otras comunidades autónomas y eso no es normal, no es de recibo. No se puede cuadrar el círculo de forma tan fácil, porque el papel lo aguanta todo. Puedes inventar nuevos sistemas, nuevos servicios de los que tú dices dotar a la ciudadanía y al político le encanta hacerse fotos anunciándolo, pero estos nuevos servicios hay que dotarlos de personal, formarlos, que sus condiciones laborales sean las mejores... y todo eso hay que negociarlo. La negociación colectiva es básica y en eso es en lo que estamos.
–Han hecho referencia a esa pérdida salarial del 15% desde el año 2010, a esas diferencias entre comunidades... Desde Jucil han apostado siempre por la equiparación salarial, ¿cómo se pueden limar esas diferencias de forma más simple?
– Ernesto Vilariño. Entre un funcionario de la Guardia Civil en Castilla y León y otro que preste sus servicios en Cataluña o en el País Vasco estamos hablando, de media, de una diferencia de salarios de 700 euros al mes que se agrava en el caso de las jubilaciones y que se puede extrapolar, además, a cualquier funcionariado público. Esta diferencia salarial es muy grande y la propia Constitución nos dice que no debe haber diferencia entre ciudadanos. De manea continua y reiterada se está incumpliendo la Constitución y no solo en esto. Además de la diferencia salarial que hay entre cuerpos policiales y funcionarios de la función pública tenemos que hablar de los medios personales y materiales. La función pública d
–Benjamín Castro. Desde luego ha sido fructífero. Ha supuesto aglutinar a cientos de miles de empleados públicos, millones a nivel nacional y para nosotros como Csif, como sindicato más representativo dentro de la función pública a nivel nacional, esto nos ha supuesto vertebrar aún más. Al final a lo que nos dedicamos los empleados públicos no es ni más ni menos que a ejecutar los servicios públicos que reciben los ciudadanos y por eso es muy importante tener esa permeabilidad y llegar a todos. Unidos somos más y juntar Csif con Jucil y Jupol, que son dos grandes, que son la Asociación Profesional de la Guardia Civil y el sindicato policial, te da una fortaleza de cara a la otra parte de la mesa que es a la que le toca administrar lo público, nuestros políticos, y permite hacerles llegar el mensaje con mayor claridad y con toda la información que nos dan nuestros afiliados, nuestros delegados. Esto desde luego nos facilita el trabajo y nos da la posibilidad de negociar mejor. Otra cosa es ya lo que puedas llegar a conseguir.
–¿Los resultados no están siendo los esperados?
– Benjamín Castro. No será por lo que lo hemos intentado. Como ejemplo, el pasado 24 de septiembre salimos a la calle alrededor de 80.000 personas en Madrid y ahí estuvimos los tres para decir al Gobierno que basta ya y que hable con los empleados públicos, con sus representantes, porque al final son los que despliegan los servicios públicos y es importante que los tenga en cuenta, y más con las condiciones laborales y salariales que tienen. Logramos que se sentaran con nosotros, pero es verdad que después CCOO y UGT le han regalado al Gobierno un cheque en blanco y han firmado un acuerdo que supone una merma salarial. ¿Y por qué digo merma salarial? Porque ese acuerdo en toda su amplitud trianual no llega a cubrir ni siquiera la pérdida de poder adquisitivo de este año, pero es que si a ello sumamos lo de años atrás, desde 2010 estamos hablando de entre un 15 y un 20 por ciento de pérdida de poder adquisitivo, que es una auténtica barbaridad. El Gobierno de España el año que viene no tendrá la obligación de negociar, pero desde luego nosotros no nos cansaremos y las veces que sea necesario saldremos a la calle a reivindicar lo que es justo y lo que es nuestro.
– Han dicho que se están «quedando solos» y que es el Gobierno central el que está mirando para otro lado. ¿Qué falla en este diálogo?
– Benjamín Castro. Nosotros lo que esperamos es que atienda. El Gobierno está para administrar y para gestionar lo público y yo entiendo que no sea fácil porque los presupuestos son finitos, pero el dinero hay que invertirlo donde es necesario para los ciudadanos a los que el Gobierno representa y los servicios públicos son esenciales. Cuando hablamos de seguridad, hablamos de algo esencial. Uno de los pilares básicos es la integridad física de una persona y a eso es a lo que se dedica la Guardia Civil. Las diferencias salariales son muy grandes, de entre 400, 500, 600 o 700 euros menos en comparación con otras comunidades autónomas y eso no es normal, no es de recibo. No se puede cuadrar el círculo de forma tan fácil, porque el papel lo aguanta todo. Puedes inventar nuevos sistemas, nuevos servicios de los que tú dices dotar a la ciudadanía y al político le encanta hacerse fotos anunciándolo, pero estos nuevos servicios hay que dotarlos de personal, formarlos, que sus condiciones laborales sean las mejores... y todo eso hay que negociarlo. La negociación colectiva es básica y en eso es en lo que estamos.
–Han hecho referencia a esa pérdida salarial del 15% desde el año 2010, a esas diferencias entre comunidades... Desde Jucil han apostado siempre por la equiparación salarial, ¿cómo se pueden limar esas diferencias de forma más simple?
– Ernesto Vilariño. Entre un funcionario de la Guardia Civil en Castilla y León y otro que preste sus servicios en Cataluña o en el País Vasco estamos hablando, de media, de una diferencia de salarios de 700 euros al mes que se agrava en el caso de las jubilaciones y que se puede extrapolar, además, a cualquier funcionariado público. Esta diferencia salarial es muy grande y la propia Constitución nos dice que no debe haber diferencia entre ciudadanos. De manea continua y reiterada se está incumpliendo la Constitución y no solo en esto. Además de la diferencia salarial que hay entre cuerpos policiales y funcionarios de la función pública tenemos que hablar de los medios personales y materiales. La función pública d
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