AUGC denuncia el desamparo de los guardias civiles frente a la escalada de violencia y la falta de medios con los que se ven obligados a operar y que se incrementa en períodos estivales
Un verano más, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) levanta la voz para denunciar la alarmante escalada de violencia que sufren los agentes en el cumplimiento de su deber. La llegada del buen tiempo no solo trae consigo un aumento de la actividad delictiva, sino que también pone de manifiesto las graves carencias que padecemos en cuanto a personal y material. En los últimos meses, hemos visto cómo las agresiones se multiplican en diferentes puntos de España, reflejando una realidad insostenible que el Ministerio del Interior sigue ignorando.
Un aumento de la criminalidad que choca con la falta de personal
Los datos son claros: en áreas bajo jurisdicción de la Guardia Civil en Córdoba, la criminalidad ha crecido un 39,4% en los últimos cinco años, un ritmo muy superior al del resto del país. Este aumento se atribuye al auge de la ciberdelincuencia, pero también a la criminalidad convencional. A pesar de este incremento, la plantilla de la Guardia Civil en la provincia se ha reducido, con aproximadamente 165 vacantes sin cubrir. Esta falta de personal es una de las causas directas del problema de seguridad y de la vulnerabilidad de los agentes.
Situaciones y lugares donde las agresiones se han disparado
El clima de impunidad que se ha instaurado es un caldo de cultivo para la violencia. Los episodios de agresión ya no son hechos aislados, sino una tendencia preocupante que se extiende por todo el territorio. A continuación, denunciamos algunos de los casos más recientes, tal y como hemos documentado:
Huelva y el auge del narcotráfico: La provincia de Huelva se ha convertido en un epicentro de la violencia ligada al crimen organizado. La Cuenca Minera, en particular, está viviendo una escalada preocupante, con agresiones directas a nuestros compañeros. Lo más grave es el uso cada vez más frecuente de armas de fuego por parte de los narcotraficantes.
Agresiones en Andalucía y Alicante: La violencia no se limita a un solo punto. En Almería y Alicante, hemos denunciado un notable aumento de las agresiones, que a menudo se producen durante intervenciones rutinarias. Un claro ejemplo es el caso de un agente en Puente Genil (Córdoba), que fue agredido brutalmente durante un arresto. De hecho, en Andalucía, entre 2020 y 2024, se han registrado 1.455 agresiones que han resultado en 1.536 agentes lesionados. Un caso similar tuvo lugar en Fuente la Lancha (Córdoba), donde un agresor con un largo historial delictivo fue condenado tras agredir a un agente.
Las agresiones se han disparado: El problema es nacional. La Guardia Civil, en un reciente comunicado, ha alertado sobre el aumento de agresiones y la necesidad de una mayor protección para los agentes que garantizan la seguridad.
La crónica de una negligencia anunciada
La falta de personal y la escasez de medios materiales no es un problema nuevo, pero se agrava con el aumento de la violencia. La brecha entre los recursos disponibles y las necesidades reales es cada vez más amplia. Nuestros agentes a menudo se encuentran en situaciones de alto riesgo sin el equipamiento adecuado.
Desde la AUGC, hemos sido claros en nuestra demanda: se necesitan más guardias civiles para cubrir la creciente demanda de seguridad y mejor equipamiento para hacer frente a una delincuencia cada vez más organizada y violenta. Los chalecos antibalas con una vida útil caducada, los vehículos en mal estado o la falta de herramientas adecuadas para las intervenciones son solo algunos ejemplos de las carencias que sufren nuestros compañeros.
Para abordar esta situación, la AUGC exige varias medidas urgentes:
Modificación del Código Penal: Es fundamental endurecer las penas por agresión a un agente de la autoridad. Las sentencias actuales no son disuasorias y no refuerzan el principio de autoridad.
Dotación de cámaras corporales: Hemos enviado un escrito al Ministro del Interior solicitando la dotación urgente de cámaras corporales. Estas herramientas proporcionarían grabaciones imparciales de las actuaciones, protegiendo tanto a los agentes de acusaciones falsas como a los ciudadanos.
Reconocimiento como profesión de riesgo: A pesar de las constantes agresiones y de las estadísticas de lesiones, el Gobierno sigue sin reconocer a los guardias civiles y a la Policía Nacional como "profesión de riesgo", a diferencia de otros cuerpos policiales.
Esta situación no solo afecta a los agentes, sino que también pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos a los que servimos. La inacción del Ministerio del Interior ante este problema es un reflejo de su abandono hacia quienes, día a día, garantizamos la seguridad en todo el país.
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